Jornada sobre nueva ley de transparencia y tercer sector en la Fundación Pere Tarrés: "La Ley de Transparencia no se ha hecho con el consenso del tercer sector"

A finales del pasado mes de diciembre se aprobó la Ley 19/2013 de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno, una normativa que determina una serie de obligaciones para el sector no lucrativo en función de su presupuesto y de la ayuda pública recibida, además de exigencias para la Administración Pública. Otro de los aspectos de esta ley es la determinación del acceso a la información pública así como del procedimiento y condiciones para obtenerla.
Barcelona, 19 de febrero de 2014. Para responder a todas las preguntas que esta nueva reglamentación supone para las entidades sin ánimo de lucro, la Fundación Pere Tarrés organizó ayer la Jornada sobre la nueva Ley de transparencia para el tercer sector, que contó con la presencia de representantes de entidades sociales, de la administración pública y del mundo jurídico.
En la inauguración, Josep Oriol Pujol, director general de la Fundación Pere Tarrés, se mostró muy crítico con esta regulación dado que "a pesar de ser una legislación elaborada reactivamente por las situaciones de fraude vividas, como el caso Palau, la normativa no legisla una necesidad social sino que se ha hecho de cara a la opinión pública". Pero lo que más preocupa es que "con estas leyes las empresas de servicios mercantiles tendrán ventajas competitivas sobre las entidades no lucrativas" lo que puede provocar un detrimento de la calidad de la asistencia al usuario.
Joaquim Triadú, socio director del sector público del Bufete PWC en Cataluña y ex-consejero de la Generalitat de Cataluña, también se mostró muy crítico con esta ley. De hecho, Triadú destacó que "la Ley catalana es más exigente que la española" y que esta normativa "sólo pide explicaciones a las entidades que han recibido dinero público, cuando deberían dar explicaciones cualquier organización o entidad que reciban dinero de terceros, ya sean públicos o privados".
Posteriormente, durante la mesa redonda sobre el impacto y oportunidades de esta ley, David Camps, fundraising y gerente de marketing de la Fundación Vicente Ferrer y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundraising, denunció que "esta ley no se ha hecho con el consenso del tercer sector, un sector que ya ha elegido a sus estándares y sus leyes". Sin embargo, Camps también destacó que "hay que mejorar la comunicación que se realiza desde las ONG ya que éstas son las instituciones en las que más confían los ciudadanos".
Albert Colomer, director ejecutivo de la Fundación CP'AC y de diferentes organizaciones vinculadas a la generación de empleo y empresa, también se ha mostrado muy crítico con los redactores de la Ley, los cuales "han mostrado un gran desconocimiento del sector no lucrativo".
Por su parte, Aida Guillen, vicepresidenta de la confederación catalana de ONG, y directora del Instituto Catalán de Derechos Humanos, afirmó que "esta ley no nos debe dar miedo" y ha criticado que "la Administración ya está estrangulando el sector por la burocratización que pide".
La Dra. Begoña Roman, profesora de Ética de la Universidad de Barcelona, presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y patrona de la Fundación Pere Tarrés, también ha criticado una normativa "que no está pensada para el tercer sector" y que pide hacer públicas "informaciones que pueden hacer daño a la estrategia de prestación de servicios de las entidades". Por ello, "es necesario que el sector haga una propuesta de la ley aplicada al tercer sector".
- Galería de imágenes de la jornada
- Presentación de Josep Triadú
- Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Más información:
Isabel Vergara y Nati Pareja
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